Estamos
viviendo momentos muy turbulentos, por culpa de la deriva del gobierno en
funciones. Por un puñado de votos, necesarios para poder subir a la
poltrona, está decidido a aniquilar uno de los tres poderes del estado, y utilizarlo en beneficio propio. Como buen amante de la historia, estos momentos me recuerdan
a los vividos en la etapa presidencial Franklin Delano Roosevelt, 32º
presidente de Estados Unidos, en la década de los años treinta del anterior siglo.
Tras el
crack del 29, el presidente Roosevelt, se hizo con la presidencia de Estados
Unidos en 1932, siendo el discurso sobre el “New Deal”, su gran arma electoral.
Entre otras, buscaba reformar los mercados financieros, reactivar la economía y
la inversión, o aumentar los derechos de los trabajadores.
Cuando
accedió al poder, comenzó a aplicar muchas de las medidas que prometió realizar,
así como otras, tachadas de socialistas por el partido republicano, sus
oponentes. Sin embargo, algo comenzó a torcerse en 1935, cuando uno de los
principales instrumentos legislativos, y elemento clave de su New Deal, era rechazado
por el Tribunal Supremo, de mayoría conservadora. ¿La razón? Se vulneraba el
principio de separación de poderes, al ampliar las funciones del poder
ejecutivo, además de exceder los poderes que la constitución otorgaba al Congreso.
Roosevelt,
bastante enfadado, no logró digerir el golpe. Tras su victoria en las elecciones
presidenciales de 1936 y con su popularidad en máximos históricos, comenzó a
cargar contra el Tribunal Supremo. Afirmó, que en su primer mandato ciertas
políticas muy necesarias, que habían
mejorado la situación de la población, habían sido autorizadas por el tribunal
Supremo por un estrecho margen. Según él, la Constitución no había
otorgado al tribunal Supremo el derecho a cuestionar la constitucionalidad de
la legislación, sino que esta había asumido el papel. Afirmó que tenía un mandato electoral para
cambiar aquella situación.
Para que los fastidiosos jueces conservadores del tribunal dejaran de molestarle, argumentó, que era constitucional inyectar sangre nueva. Además, los jueces del tribunal Supremo estaban sobrecargados de trabajo, por lo que habría que añadir un mayor número de jueces. Propuso que todos los jueces tuvieran que ser retirados obligatoriamente a la edad de 70 años y que a él, le dieran permisos para nombrar seis nuevos jueces. De esta manera cambiaba a los jueces nombrados por administraciones anteriores más conservadoras, y que se habían opuesto a sus programas, por jueces más progresistas. Además, añadía otros seis afines. El control del poder judicial sería suyo.
Aunque Roosevelt intentó hábilmente ganar
apoyo popular para la medida, las encuestas de opinión sugerían que solo el 40%
de la población estaba a favor del plan. Es más, uno de los jueces afines del
tribunal Supremo, habló en contra de los intentos del presidente de eliminar el
poder del tribunal Supremo. No solo eso, el partido demócrata, que tenía amplia
mayoría en ambas cámaras, se negó a tratar el proyecto de ley de Roosevelt, el
cual intentó tramitarlo entonces, a través del senado.
El Senado, también dominado por su
partido, presentó un informe negativo, argumentando que el proyecto atacaba la constitución,
de una manera sin precedentes. El Senado devolvió el texto para que volviera a
ser redactado, eliminando los elementos de designación tendenciosa de miembros
afines.
A pesar de que los políticos estaban a
favor de las leyes, comprendieron que suspender el estado de derecho, pondría
en peligro la democracia, al someter la independencia del poder judicial.
Roosevelt, captó el mensaje, y se
atuvo a las leyes. Podría haber intentado gobernar mediante decretos leyes, pero
sabía que el Congreso no habría aprobado sus leyes permanentemente. En España,
Pedro Sanchez ya ha aprobado 138 leyes mediante este método, destinado a casos
excepcionales, apoderándose del poder legislativo. Roosevelt, también podría haber apelado al
pueblo, afirmando que el Congreso impedía aplicar las medidas necesarias para
luchar contra la depresión. Podría haber utilizado a la policía para cerrar el
Congreso, como ocurrió en Venezuela con Chávez, que apeló al mandato popular,
para cerrarlo, al ser el congreso poco cooperativo, y posteriormente
volver a redactar la constitución para reforzar su poder.
Gracias a que jueces y políticos
afines al presidente, le negaron su apoyo, pudieron pararle los pies,
permitiendo que Estados Unidos sea aún hoy, la primera potencia del mundo,
gracias a la libertad de los poderes.
En España, nunca hemos tenido un
retroceso en la democracia como lo tenemos ahora. El poder ejecutivo se ha
hecho con el poder legislativo, como hemos visto antes, gobernando mediante
decretos ley, y ahora pretende asaltar el tercer poder. Lo lleva asaltando
desde hace años, comenzando por colocar a una ministra como fiscal del estado. También
controla la abogacía del estado o el tribunal constitucional. Ya solo nos queda
el Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial que quieren liquidar,
mediante la infamia de los indultos, saltándose la ley a su conveniencia.
Queridos lectores, la destrucción de nuestro
estado de derecho esta mas cerca que nunca. Los hechos históricos que estamos
viviendo, desgraciadamente, solo nos llevaran al exterminio de nuestras
instituciones, ante la mirada pasiva de sus habitantes acomodados. Solo jueces y políticos con miras mas altas que sus bolsillos, nos podrán salvar, aunque déjenme que sea escéptico. Tenemos lo
que nos merecemos.
Alejandro Sanchez de Ibarguen Moreno
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